El Gobierno tomó la decisión acertada de objetar la reforma de la justicia y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. El debate suscitado por esta determinación es entendible, pero los argumentos de mayor peso respaldan la determinación gubernamental.
Los hechos que han escandalizado a la opinión les dieron la razón a quienes alertaban sobre la desfiguración del proyecto inicial. Con razón,los ciudadanos han iniciado la recolección de firmas para derogar la reforma, transformada en contrarreforma, que choca con el sentimiento popular a favor de más justicia para todos, no de privilegios injustos para unos pocos.
Primero, el Presidente tiene responsabilidades constitucionales que no puede eludir. Debe hacer respetar la Constitución y garantizar los derechos y libertades ciudadanos. Así se desprende de su misión constitucional, que rebasa la de ocuparse de los temas cotidianos de la administración y el gobierno.
Segundo, los vicios cometidos a raíz de los 'micos' introducidos a última hora por la comisión de conciliación eran de tal magnitud que las normas que crearon el escándalo en realidad fueron inventadas por un grupo de congresistas, de espaldas al país y en contra de la propia voluntad del Congreso, expresada a lo largo de ocho debates. Por eso, el Presidente no está contrariando la voluntad del Congreso como reformador de la Constitución, sino permitiendo que esta se exprese en contra de los 'micos' que no han debido pasar, pero que se colaron para sorpresa de la mayoría de los mismos congresistas, como lo han expresado todos casi sin excepción.
Por eso, también, las objeciones no contradicen el espíritu de las sentencias de la Corte Constitucional: el Presidente no está impidiendo que el reformador de la Constitución ejerza sus competencias, sino que está evitando que la reforma sea capturada por unos intereses oscuros que intentaron instrumentalizarla en beneficio de unas pocas personas y en contra de la justicia y de la supremacía de la Constitución
